Por Fabio Porta
El 25 de noviembre de 1960, tres hermanas, Aida, María y Antonia Mirabal, fueron torturadas y asesinadas en la República Dominicana por soldados del dictador Rafael Trujillo.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 54/134, declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su memoria.
Han pasado sesenta y cinco años desde aquel día, y aún estamos lejos de erradicar la plaga de la violencia contra la mujer: este año, se han registrado más de sesenta casos de feminicidio en Italia, y más de mil mujeres han sido víctimas de este delito desde 2015, un promedio de más de cien al año.
Para combatir esta masacre silenciosa y continua, arraigada en una cultura patriarcal persistente en nuestros países, el Parlamento italiano lleva años comprometido con la actualización y el fortalecimiento de la legislación en la materia, gracias en parte a la crucial contribución de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Femicidios.
Un paso significativo y políticamente relevante, logrado por unanimidad, fue la aprobación, el 21 de noviembre, por la Cámara de Diputados, del proyecto de ley del Partido Democrático sobre el libre consentimiento de la mujer para actos sexuales.
La modificación del artículo 609 bis (violencia sexual) del Código Penal supone un punto de inflexión, no solo una reforma del código, sino también cultural. De hecho, la nueva redacción sitúa la falta de consentimiento libre y efectivo de la persona implicada en el centro, alineándose así con las normas europeas e internacionales más recientes y con numerosas sentencias del Tribunal de Casación. El consentimiento debe ser libre y efectivo, es decir, expresado como una libre expresión de la voluntad de la persona, que debe mantenerse inalterada durante todo el acto sexual.
Se necesitaron años, sentencias judiciales, recordatorios y convenciones, pero sobre todo, mucho dolor y sufrimiento para llegar a la ley que aprobamos en primera lectura en la Cámara de Diputados. Esta ley introduce el consentimiento libre y efectivo en nuestro ordenamiento jurídico, un elemento clave que afirma que en cualquier momento una mujer puede sentirse coaccionada a mantener relaciones sexuales y, por lo tanto, negarse o retirarse.
No hay excusas ni circunstancias atenuantes: un determinado estilo de vestir, relaciones sexuales previas, un estado alterado… SOLO SÍ ES SÍ: cuando no hay consentimiento, es violencia. Una pequeña gran revolución, nacida de la conciencia compartida de la urgencia social de intervenir para fortalecer la lucha contra la violencia sexual y garantizar una protección más efectiva de la libertad y la autodeterminación.