El 2015 debe representar un cambio en la gestión del sistema de protección de los derechos del mundo de la emigración: son demasiadas las incertezas y contradicciones actuales

El momento económico y político, con todas sus incertidumbres y contradicciones, no contribuye ciertamente a asegurar que se afirmen, consoliden y quizá se extiendan, los derechos y la protección socio-previsional de los italianos que viven en el exterior. Un mundo complejo el de la emigración, constituido por ancianos, adultos y jóvenes, los cuales de un modo u otro tienen todavía vínculos con Italia y derechos por reclamar: la pensión, la asistencia sanitaria en Italia y en el exterior, una disciplina fiscal justa sobre sus réditos y sobre sus propiedades, reglas y garantías sobre el mercado del trabajo. Lamentablemente ya son muchos los años que el Estado y los Gobiernos que se han sucedido subestiman y a menudo olvidan el estado precario e inadecuado del sistema de seguridad social, fiscal y sanitaria en el régimen internacional. Tenemos por ello la esperanza de que el 2015 sea un año de cambio en las políticas “migratorias” del Estado italiano y que la conquista de la estabilidad política (auspiciada por todos) permita a quien nos guía y supervisa (Gobierno, Parlamento e Instituciones) completar y actualizar doctrina y estructura del sistema que informa la relación entre Italia y los emigrados en materia de derechos socio-previsionales. Lo he denunciado muchas veces más que con la estrategia de internacionalización del País. Esto se debe al drástico redimensionamiento de las llamadas políticas migratorias que se están llevando adelante desde hace algunos años, las cuales arriesgan empañar las potencialidades ligadas a la presencia de los italianos en el mundo, tendiendo a restringir la red de relaciones que la misma ha asegurado en el tiempo; con un grave daño al País, sobre todo en este tiempo de graves dificultades económicas y sociales. Además de limitar las perspectivas de internacionalización de Italia, la sensible reducción del financiamiento público, el total abandono de la gestión de los convenios bilaterales de seguridad social para la asistencia sanitaria y las graves incongruencias contenidas en algunos convenios contra las dobles imposiciones fiscales (como aquellas con Brasil y Canadá todavía no resueltas) no permiten ejercitar una debida protección de los derechos y un riguroso control de los deberes socio-previsionales de una parte no marginal de nuestras comunidades, constituidas por ancianos que a menudo viven en realidades donde los sistemas de previsión social no aseguran niveles de protección adecuados. Los vacíos normativos y el estancamiento de iniciativas de negociación para el establecimiento y la renovación de los acuerdos perjudicaron, además, a los nuevos sujetos migrantes los cuales son siempre más protagonistas de una movilidad internacional fuente de carreras laborales y de seguridad fragmentadas que necesitan de nuevos y más adecuados instrumentos de protección previsional, fiscal y sanitaria. Si por una parte es ineludible el deber ético de reconocer a nuestra antigua emigración la contribución histórica dada al país en momentos difíciles, por la otra no se pueden ignorar los deberes de protección y solidaridad hacia aquellos que son condicionados nuevamente a dejar el País porque están en serias dificultades, partiendo justamente de la protección previsional y sanitaria. Sostengo entonces, que mi compromiso será continuo en esta legislatura solicitando al gobierno, parlamento e instituciones retomar las negociaciones, suspendidas desde hace demasiados años, para el establecimiento y la renovación de los acuerdos bilaterales de seguridad social y de asistencia sanitaria con los países de emigración italiana en América latina, en América del Norte y Central y en el resto del mundo, con el fin de completar el cuadro del sistema de protección internacional de los derechos previsionales de los trabajadores migrados y sobre todo de garantizar la revisión de los acuerdos ya establecidos pero devenidos en inadecuados y superados por las recientes actualizaciones y por la evolución normativa de las legislaciones de los Países contrayentes. También será mi preocupación garantizar que en el transcurso del 2015 la Comisión para los italianos en el mundo de la Cámara de diputados, de la cual soy presidente, desarrolle una reflexión profunda sobre las temáticas más sensibles a nuestros connacionales y en particular solicite iniciativas parlamentarias y de gobierno en materia de seguridad social de los migrados con particular interés y atención en la definición de un convenio patronatos-MAECI para reforzar el rol de los patronatos en el exterior con el fin de continuar asegurando los servicios ya difundidos y competentes en estas materias.