ROMA, 16 DE MARZO DE 1016
No pasa un día en que Tito Boeri, Presidente del INPS, no hable de la necesidad de reformar el sistema de pensiones italiano. Su caballo de batalla es la flexibilidad en la edad de jubilación, que permitiría una salida anticipada del mercado de trabajo con el efecto del empleo de los jóvenes y sobre todo con una reducción de la cuantía de las pensiones.
Las pensiones italianas, ha dicho en repetidas ocasiones Boeri, son todavía demasiado altas e injustificadas en comparación con los aportes (y probablemente no esté totalmente equivocado).
Obviamente, Boeri se ha reservado (u olvidado) señalar a casi un millón de pensiones italianas pagadas en Convenio Internacional, de las cuales casi 500.000 fueron pagadas en el exterior. Y también lo paupérrimo de los montos de la mayor parte de estas pensiones, en comparación con las que se pagan en Italia. El promedio de los montos de las pensiones pagadas en el exterior es de alrededor de 200 euros al mes, pero con decenas de miles con montos ínfimos que en muchos casos equivalen a unas pocas decenas de euros. Una situación que es causa del monto reducido de los aportes erogados en Italia y de un mecanismo inadecuado de reconocimiento de las contribuciones hechas en el pasado.
A pesar ello hemos debido aprender con gran sorpresa y perturbación que el riesgo de una futura maniobra penalizante para los pensionados residentes en el exterior es posible. De hecho, se puede observar en las recomendaciones contenidas en la implementación de la ley sobre pobreza, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, que se sugiere “racionalizar” (que en la jerga política significa reducir) los beneficios asistenciales pagados por el INPS en el exterior, las pensiones, ya miserables, serían prácticamente llevadas a cero. En realidad, quien conoce el campo de la seguridad social en el régimen internacional sabe que más que una racionalización necesitaría una reforma articulada del actual sistema de protección socio-previsional que regula los derechos de las pensiones de nuestros emigrantes.
Una reforma que pueda racionalizar un inconexo mosaico de leyes, normas, reglamentos, jurisprudencia, acuerdos bilaterales y multilaterales, que han tenido lugar en los últimos años en el marco del sistema de protección de los trabajadores migrantes. Una reforma que introduzca garantías, justicia, seguridad, montos dignos y actualice el costo de la vida en diferentes países.
Hemos tratado de hacer una contribución importante a la realización de esta necesaria reforma con nuestros proyectos de ley, nuestras mociones y nuestros pedidos de informe que querríamos ahora organizar, con el respaldo y la experiencia de la Comisión para los italianos en el Mundo de la Cámara, con un reglamento marco para someterlo a la evaluación del Gobierno y el Parlamento, para ver si la reforma general propuesta por el presidente Tito Boeri INPS. Incluso una revisión completa de las normas que regulan los derechos de la seguridad social y de los trabajadores migrantes, en vista de que esta reforma representaría una herramienta útil de protección también para los miles de jóvenes que han comenzado a migrar de nuevo y que reivindican derechos, reglas claras, y administraciones competentes y eficientes.
La reforma de las normas nacionales e internacionales debería cubrir, entre otras cosas, el método de cálculo de las pensiones, una mínima mensual más justa, una clara definición de las prestaciones exportables, el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de los convenios (riesgos y los asegurados), regulación y protección de los derechos fiscales y sanitarios, la introducción de formas de solidaridad previsional, moratorias y amnistía de las deudas no dolosas, la verificación del rédito y de subsistencia disponible e instantánea, el fortalecimiento de las estructuras del INPS y del Ministerio de trabajo para el exterior, la valorización de los patronatos.
Es en estos temas que debemos tener, cuando llegue el momento, la determinación de desafiar al gobierno y obligarlo a asumir sus responsabilidades.