“Hoy la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por mi colega Laura Boldrini, a propuesta mía, escuchó al padre Rafael Aragón y al profesor Gabriel Leóndas Putoy Cano, exponentes autorizados del compromiso con los derechos humanos en Nicaragua. Sus testimonios pusieron de relieve el progresivo deterioro del Estado de derecho en el país y la gravedad de las violaciones denunciadas por la sociedad civil. Este es un recordatorio que la comunidad internacional no puede ignorar.

El régimen encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, marido y mujer, sigue siendo responsable de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, dirigidas contra opositores políticos, activistas, líderes religiosos, representantes de comunidades indígenas y ciudadanos comunes. Una represión que no se detiene en las fronteras nacionales, sino que involucra también a miles de nicaragüenses obligados a exiliarse.

Entre los casos más emblemáticos está el del líder indígena y parlamentario Brooklyn Rivera, detenido en 2023 tras denunciar violaciones a los derechos de las poblaciones nativas. Según se informó durante la audiencia, Rivera falleció en los últimos días en una cárcel de Nicaragua. También es motivo de gran preocupación la suerte de la diputada que debía sucederle en el Parlamento y del que se ha perdido rastro. En términos más generales, las condiciones de numerosos opositores políticos, activistas y defensores de los derechos humanos detenidos o perseguidos por el régimen siguen causando alarma.

En Nicaragua asistimos a una progresiva erosión del Estado de derecho. Los opositores y disidentes son despojados de su ciudadanía, excluidos de la vida pública y privados de sus derechos fundamentales. En muchos casos, incluso se eliminan de los registros estatales y de las oficinas de registro, como si nunca hubieran existido. Se trata de prácticas incompatibles con cualquier sistema democrático y con los principios establecidos por el derecho internacional.

La represión de la libertad religiosa también es particularmente grave. La Iglesia católica y otras denominaciones religiosas están sujetas a restricciones cada vez mayores, con limitaciones a las celebraciones públicas, cierres de instituciones religiosas y medidas contra sacerdotes y agentes pastorales. A los católicos, por ejemplo, se les prohibió celebrar procesiones religiosas tradicionales.

A nivel internacional, Nicaragua ha fortalecido sus relaciones con China y Rusia. En los últimos años, han llegado palabras de condena y medidas específicas de los Estados Unidos y la Unión Europea que, sin embargo, aún no han producido resultados concretos para contrarrestar la deriva autoritaria del régimen. Las relaciones económicas y comerciales continúan sustancialmente sin consecuencias particulares. La excepción es España que, en enero pasado, declaró persona non grata al embajador de Nicaragua, Maurizio Gelli, ordenando su expulsión del país. Se trata del hijo de Licio Gelli, fundador de la logia masónica P2, una de las páginas más oscuras de la historia republicana italiana, vinculada a proyectos subversivos y antidemocráticos.

Coincido plenamente con el llamado realizado por la Presidenta Laura Boldrini a romper el silencio que aún rodea lo que sucede en Nicaragua. Italia, Europa y la comunidad internacional tienen el deber de hacer oír su voz y apoyar a quienes siguen luchando por la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. No podemos permanecer indiferentes ante la represión que cada día afecta a hombres y mujeres culpables sólo de pedir justicia, dignidad y libertad. Hay que detener el régimen de Ortega y Murillo y con él la espiral de violencia y persecución que sigue afectando al pueblo nicaragüense”.

Fonte: Oficina de Prensa Excmo. Fabio Porta