
Ahora cabe esperar que la congelación de los aumentos no se vuelva a proponer en la Ley de Presupuestos para 2026 que está esbozando actualmente el Gobierno de centroderecha y que debe aprobarse a finales de este año. El peligro de que el hacha del Gobierno vuelva a caer sobre los derechos de seguridad social de los italianos en el exterior es real y será mi preocupación, junto con mis colegas del Partido Demócrata elegidos en el exterior, controlar e impedir que esto suceda.
Nunca se nos han explicado las razones por las que se decidió suspender hasta 2025 (pero con consecuencias económicas permanentes para los pensionistas afectados) la revalorización – la llamada equiparación automática – de las pensiones superiores al pago mínimo del INPS pagado a los italianos residentes en el exterior, pero nosotros en el PD siempre hemos sostenido que el bloqueo de los aumentos de las pensiones para los italianos en el extranjero es claramente discriminatorio y presenta numerosos aspectos de inconstitucionalidad.
Se recordará que aproximadamente 61.000 titulares de pensiones del INPS residentes en el exterior fueron sancionados por esta absurda disposición, de los cuales más de 30.000 son titulares de pensiones de importes que oscilan entre 567 y 1.135 euros mensuales, mientras que aproximadamente 11.000 son titulares de pensiones de importes de entre 1.135 y 1.703 euros y sólo 12.000 pensiones son más de cuatro veces el trato Mínimo INPS.
Por tanto, los más pobres y débiles se vieron afectados para ahorrar algunos millones de euros. La decisión del legislador, que tememos pueda ser reiterada en la LDB para 2026, de bloquear el mecanismo de equiparación automática de las pensiones de importe tan bajo, dejando sin cambios la revaluación de las pensiones de importe elevado de los residentes en Italia, además de representar una disparidad de trato injustificable basada manifiestamente en la residencia, constituye también y sobre todo una violación del principio de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación de los tratamientos de seguridad social (principio consagrado en artículos 3, 36 y 38 de la Constitución) y el de salvaguardar las pensiones más bajas evocado varias veces por las sentencias del Tribunal Constitucional.
De hecho, no olvidemos que la equiparación automática se introdujo en Italia con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizarles un nivel de vida adecuado y constante en el tiempo. Precisamente por este motivo resulta paradójico que este Gobierno, que ha demostrado en varias ocasiones que no siente una gran empatía por los italianos que residen en el exterior, haya limitado el bloqueo de los aumentos de las pensiones únicamente a los residentes en el exterior, sin tener en cuenta que, no obstante, están protegidos por el Derecho internacional -normas comunitarias de seguridad social y convenios bilaterales de seguridad social- que establece el principio de exportabilidad de las prestaciones de seguridad social y del mantenimiento de los derechos adquiridos. Espero que en el presupuesto para 2026 que se está preparando se salvaguarden los derechos adquiridos de nuestros compatriotas y no se repita la inexplicable furia contra el mundo de la emigración. Evidentemente no nos faltará nuestro compromiso de vigilar y denunciar cualquier intento de recaudar dinero a costa de nuestros compatriotas.
Fonte: Oficina de Prensa Excmo. Fabio Porta