Venezuela: Crisis sin fin, italianos en hostilidades.

Hasta hace unas décadas, Venezuela era uno de los países más prósperos de Latinoamérica, gracias a las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo. Hoy, es un ejemplo dramático de cómo la mala gestión, la corrupción y la represión política pueden transformar el potencial en una inmensa crisis.

El PIB de Venezuela se ha desplomado más del 80% desde 2013, marcando uno de los peores colapsos económicos en tiempos de paz de la historia moderna.

Tras alcanzar niveles paroxísticos —con una inflación del 10.000.000% en 2019—, la economía ha experimentado una aparente estabilización. Pero incluso este año (2025), según el Fondo Monetario Internacional, la inflación supera el 220% anual, una de las más altas del mundo.

Más de 20 millones de venezolanos viven en extrema pobreza (aproximadamente dos tercios de la población).

El resultado ha sido un éxodo verdaderamente bíblico: según datos de ACNUR actualizados a 2025, 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país. La mayoría se ha trasladado a Colombia (2,8 millones), Perú (1,5 millones), Chile (470.000), Ecuador (500.000), pero también a España, Estados Unidos e Italia. Esta afluencia incluso ha superado en tamaño a la diáspora siria.

La emigración italiana en Venezuela es un caso de éxito. En las décadas de 1950 y 1960, decenas de miles de familias abandonaron Italia con destino a Caracas, Maracaibo y Valencia, contribuyendo a la construcción de urbanizaciones, empresas constructoras, talleres artesanales y negocios agrícolas y comerciales. Aún hoy, más de 130.000 ciudadanos italianos están registrados en AIRE en Venezuela. Algunas estimaciones hablan de más de 1,5 millones de personas de origen italiano, lo que convierte a nuestra comunidad en la más grande de Europa.

Sin embargo, esta red profundamente arraigada se encuentra ahora entre las más vulnerables. La crisis venezolana ha afectado gravemente a familias que, durante décadas, habían encontrado estabilidad. A esto se suma el alarmante nivel de detenciones arbitrarias: las cifras oscilan entre 11 y 22 italianos que siguen en prisión sin cargos claros ni juicios transparentes.

El caso de Alberto Trentini, detenido durante mucho tiempo sin cargos creíbles, es solo la punta del iceberg. Muchos otros italianos permanecen invisibles tanto para la prensa internacional como, con demasiada frecuencia, para los intereses institucionales de Roma.

Italia ha intentado tomar algunas medidas. La designación del embajador Luigi Maria Vignali como enviado especial para los italianos en Venezuela es un paso en la dirección correcta. Pero el rechazo que sufrió en Caracas en agosto es una prueba clara: Roma no puede abordar el problema con gestos simbólicos ni misiones improvisadas. Se necesita una estrategia multilateral.

El objetivo debe ser doble: la protección inmediata de los italianos detenidos, mediante negociaciones directas, quizás con la participación de la Santa Sede, que mantiene una posición privilegiada en Venezuela; y la reafirmación de la presencia de Italia como actor diplomático relevante en Latinoamérica, evitando la irrelevancia en una región tradicionalmente amiga.

En los próximos meses, se producirán acontecimientos que podrían ser decisivos: la Conferencia Italia-Latinoamérica y la canonización de un santo venezolano en Roma. Estas son oportunidades que nuestro gobierno debe aprovechar para situar la cuestión de los presos italianos en el primer plano de las relaciones bilaterales.

En el ámbito internacional, el caso venezolano parece haber quedado relegado a un segundo plano, eclipsado por las guerras en Ucrania y Palestina. Sin embargo, lo que ocurre en Caracas no es menos grave. Se trata de una crisis humanitaria crónica, en la que las libertades fundamentales se vulneran a diario y millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares para sobrevivir.

Para Italia, esta no es una crisis lejana: es una crisis que afecta directamente a nuestras familias, a nuestros conciudadanos y a nuestra credibilidad internacional. El Parlamento y el Gobierno italianos tienen hoy una responsabilidad histórica: repatriar a los ciudadanos detenidos y garantizar una protección real a la comunidad italiana en Venezuela. Esto no es solo solidaridad ni retórica: es un deber constitucional, moral y político.

Cada día que Alberto Trentini y los demás permanecen en prisión representa una derrota para los derechos y la democracia. No podemos tolerar que la vida de nuestros conciudadanos quede secuestrada por la represión y el silencio diplomático.

Italia debe hablar con una sola voz: la de la dignidad, la libertad y los valores que nos definen como comunidad nacional e internacional.

No hay más tiempo: necesitamos una acción política inmediata y decisiva.